Aprobado el Decreto del Procedimiento de Dependencia que dará seguridad jurídica a las personas con dependencia, a sus familias y al Sistema de Dependencia de la región
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia y el Derecho de Acceso a los Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la región, tal y como ha informado la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la rueda de prensa que ha tenido lugar después de la reunión.
El Decreto sustituye el contenido del Decreto 26/2013 y cuenta con “importantes mejoras” que son el “resultado del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha” ya que, según ha informado Sánchez, todas las mejoras corren a cargo de la Comunidad Autónoma y cumplen el compromiso del Gobierno regional de dar seguridad a las personas en situación de dependencia, a las familias y al sistema de Dependencia. Además, ha recordado que este Decreto se suma al Catálogo de Servicios y Prestaciones de 2016, que también regula la intensidad y el régimen de compatibilidades.
Entre otras mejoras, ha destacado la consejera, el nuevo decreto avanza en la simplificación de trámites y documentación necesaria para la valoración de la situación de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). A partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio. Anteriormente, el informe social necesario para el reconocimiento del servicio o prestación adecuado lo tenía que recabar la misma persona al inicio del procedimiento, sin saber aún si iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia.
Como novedad, ha proseguido Sánchez, el nuevo Decreto establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y en personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular en menores de edad.
El Decreto introduce un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses. La consejera ha remarcado que esta novedad es “única” en el conjunto del país, ya que en otras comunidades autónomas se aplica hasta los 3 años de edad “y nosotros lo ampliamos hasta los 6 años”. Pero además, los niños y niñas de entre 0 y 6 años también tendrán un profesional de referencia a su lado para todo el proceso.
El Decreto también amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013 se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia (la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación de Asistencia Personal). El nuevo Decreto establece unas cuantías mínimas para las prestaciones económicas, en concreto un 33% de la cuantía máxima que le corresponde a la persona para la Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar y de un mínimo del 10% en cuanto a las Prestaciones Vinculadas y para las de Asistencia Personal.
Sánchez ha detallado también que por primera vez en la normativa de la región se recoge la posibilidad de compatibilizar el servicio de Centro de Día de atención a personas con discapacidad y con grado III de dependencia con un 50% de la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar, y que se mejoran también las Prestaciones Vinculadas al Servicio de atención para personas mayores que tengan un grado 2 y que estén en lista de espera de una plaza pública.
La consejera ha informado que estas dos medidas económicas entrarán en vigor a los seis meses de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el resto de las medidas lo harán a los 20 días de su publicación.
Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión tanto de grado como de PIA, o de su grado de dependencia, siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social. La titular de Bienestar Social ha recordado que antes, para solicitar una revisión de grado, se establecía un plazo de tres años y para solicitar una revisión de PIA, dos años, y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya eliminó al inicio de la legislatura las tasas establecidas para estos procedimientos.
En cuanto al presupuesto, la consejera ha recordado que en 2018 ascendía a 420 millones de euros para todo el Sistema de Dependencia y que de este presupuesto se destinaron 102 millones de euros para las prestaciones económicas. Las mejoras económicas que incluye este Decreto supondrán un presupuesto de 2,8 millones al año.
En cuanto a los beneficiarios serán todos aquellos que soliciten un trámite de dependencia, ya que la primera de las mejoras es la agilización y simplificación de los procedimientos. En 2018 se atendió a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA).
Por tanto, “con la aprobación de este Decreto de Dependencia el Gobierno del Presidente Emiliano García-Page cumple con su compromiso de dar seguridad jurídica a las personas en situación de dependencia, a sus familias y al Sistema de Dependencia para conseguir el objetivo fundamental, que es el Bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”, ha finalizado Sánchez.
El Decreto sustituye el contenido del Decreto 26/2013 y cuenta con “importantes mejoras” que son el “resultado del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha” ya que, según ha informado Sánchez, todas las mejoras corren a cargo de la Comunidad Autónoma y cumplen el compromiso del Gobierno regional de dar seguridad a las personas en situación de dependencia, a las familias y al sistema de Dependencia. Además, ha recordado que este Decreto se suma al Catálogo de Servicios y Prestaciones de 2016, que también regula la intensidad y el régimen de compatibilidades.
Entre otras mejoras, ha destacado la consejera, el nuevo decreto avanza en la simplificación de trámites y documentación necesaria para la valoración de la situación de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). A partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio. Anteriormente, el informe social necesario para el reconocimiento del servicio o prestación adecuado lo tenía que recabar la misma persona al inicio del procedimiento, sin saber aún si iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia.
Como novedad, ha proseguido Sánchez, el nuevo Decreto establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y en personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular en menores de edad.
El Decreto introduce un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses. La consejera ha remarcado que esta novedad es “única” en el conjunto del país, ya que en otras comunidades autónomas se aplica hasta los 3 años de edad “y nosotros lo ampliamos hasta los 6 años”. Pero además, los niños y niñas de entre 0 y 6 años también tendrán un profesional de referencia a su lado para todo el proceso.
El Decreto también amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013 se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia (la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación de Asistencia Personal). El nuevo Decreto establece unas cuantías mínimas para las prestaciones económicas, en concreto un 33% de la cuantía máxima que le corresponde a la persona para la Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar y de un mínimo del 10% en cuanto a las Prestaciones Vinculadas y para las de Asistencia Personal.
Sánchez ha detallado también que por primera vez en la normativa de la región se recoge la posibilidad de compatibilizar el servicio de Centro de Día de atención a personas con discapacidad y con grado III de dependencia con un 50% de la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar, y que se mejoran también las Prestaciones Vinculadas al Servicio de atención para personas mayores que tengan un grado 2 y que estén en lista de espera de una plaza pública.
La consejera ha informado que estas dos medidas económicas entrarán en vigor a los seis meses de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el resto de las medidas lo harán a los 20 días de su publicación.
Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión tanto de grado como de PIA, o de su grado de dependencia, siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social. La titular de Bienestar Social ha recordado que antes, para solicitar una revisión de grado, se establecía un plazo de tres años y para solicitar una revisión de PIA, dos años, y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya eliminó al inicio de la legislatura las tasas establecidas para estos procedimientos.
En cuanto al presupuesto, la consejera ha recordado que en 2018 ascendía a 420 millones de euros para todo el Sistema de Dependencia y que de este presupuesto se destinaron 102 millones de euros para las prestaciones económicas. Las mejoras económicas que incluye este Decreto supondrán un presupuesto de 2,8 millones al año.
En cuanto a los beneficiarios serán todos aquellos que soliciten un trámite de dependencia, ya que la primera de las mejoras es la agilización y simplificación de los procedimientos. En 2018 se atendió a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA).
Por tanto, “con la aprobación de este Decreto de Dependencia el Gobierno del Presidente Emiliano García-Page cumple con su compromiso de dar seguridad jurídica a las personas en situación de dependencia, a sus familias y al Sistema de Dependencia para conseguir el objetivo fundamental, que es el Bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”, ha finalizado Sánchez.
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